El 7 de mayo de 2021, un agente de la Patrulla Fronteriza arrestó a Emilia, de 16 años, cerca de Yuma, Arizona, por cruzar ilegalmente a EE. UU. desde México. Había pasado por un espacio en el muro fronterizo, que en esa zona corre a lo largo del río Colorado y tiene forma de pesados listones de acero.
Emilia necesitaba dejar su ciudad natal en Honduras. A su madre le estaba costando cubrir sus necesidades allí. Además, un miembro de la familia había sido víctima de un secuestro, y Emilia temía por su seguridad. Según documentos del Departamento de Justicia, Emilia les dijo a las autoridades fronterizas que quería instalarse con un amigo de la familia en Marietta.
En una entrevista con The Atlanta Journal-Constitution, Emilia dijo que había visto por última vez al amigo de la familia residente de Marietta, un hombre, cuando tenía ocho años, pero que tenía la esperanza de que unirse a su hogar mejoraría su calidad de vida.
“Las cosas no salieron como esperábamos”, dijo.
Emilia reportó ser abusada sexualmente por el amigo de la familia. Las autoridades federales la habían puesto a su cargo en junio de 2021.
Después de huir de la casa, Emilia denunció al hombre a la policía del condado de Cobb, quien confirmó que su caso aún está bajo investigación. Ahora con 18 años de edad, Emilia vive en un albergue para jóvenes sin hogar.
Su historia no es única.
Juana tomó la difícil decisión de venir sola a los Estados Unidos para escapar de la pobreza en la que ella y su familia vivían en Guatemala.
“Con mi familia era feliz. No teníamos dinero, pero sonreíamos mucho”, dijo. “Pero a veces en la vida no todo es el amor”.
Las autoridades federales entregaron a Juana a un primo varón, pero ella también se vio obligada a huir después de ser objeto de malos tratos. Juana ahora se encuentra en lo que podría ser una situación igualmente peligrosa, viviendo en un departamento en Marietta con al menos tres hombres adultos que no son parientes y que no han sido aprobados por las autoridades.
Sus historias son similares y reflejan una serie de problemas en el sistema de inmigración. Un número cada vez mayor de menores no acompañados ha estado llegando a los EE. UU., y muchos de ellos desaparecen del radar del gobierno federal después ser procesados y entregados a ‘sponsors’ adultos.
Cuando las viviendas de los sponsors se vuelven peligrosos para los niños, el sistema de hogares de guarda está en primera línea para apoyarlos.
Aquí en Georgia, el Departamento de Servicios para la Familia y los Niños (DFCS, por sus siglas en inglés) es el organismo responsable, pero los jóvenes indocumentados sólo son elegibles para recibir servicios si son menores de 18 años, una regla que la agencia endureció recientemente. Mientras tanto, los residentes de Georgia con estatus legal pueden permanecer bajo el cuidado de DFCS por más tiempo, hasta los 21 años.
Después de que Emilia y Juana abandonaron sus sponsors, DFCS las acogió y les brindó servicios durante un tiempo, pero ambas fueron expulsadas del sistema cuando cumplieron 18 años a principios de este año.
En las semanas previas a los cumpleaños de las niñas, una jueza de la corte de menores del condado de Cobb había advertido a la agencia que “expulsarlas del sistema... las pondría en riesgo inmediato de agresión sexual y victimización”. Una abogada ha presentado demandas en nombre de las adolescentes para que DFCS las vuelva a admitir.
Sin el apoyo de sus familias o del gobierno, tanto Emilia como Juana ahora deben afrontar un futuro incierto, así como lamentar una infancia truncada.
“Me he sentido muy desesperada, frustrada, estresada”, dijo Emilia al AJC. “Todo ha sido muy difícil. O sea, tantas cosas en tan poco tiempo … Yo vine aquí a la edad de 16 años, y todavía era una niña. No sé. Siento que todavía me faltó vivir mi niñez”.
El AJC no está usando el nombre completo de Emilia o Juana de acuerdo con su política de no nombrar a las víctimas de agresión sexual.
5.000 menores no acompañados llegaron en 2022
En los últimos dos años, a medida que la pandemia y sus secuelas erosionaron el progreso económico en América Latina, los agentes fronterizos se han encontrado con niveles récord de niños que viajan sin familia.
En el año fiscal 2022, casi 130.000 menores no acompañados fueron trasladados de refugios federales a hogares de sponsors, comparado a aproximadamente 30.000 en 2015, según datos del gobierno publicados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS, por sus siglas en inglés). De todos los niños que llegaron al país el año pasado, 5.200 terminaron en Georgia. En 2015, en comparación, el estado recibió poco más de 1.000 migrantes menores de edad.
“Estamos sobrepasados”, dijo Andrea Landers, una abogada de inmigración de Atlanta Legal Aid que ayuda a brindar representación legal gratuita a los niños migrantes en la zona.
Es una población vulnerable: los niños migrantes no acompañados carecen de estatus legal y tienen órdenes de deportación que disputar. La mayoría están obligados a trabajar y mandar dinero a sus padres, quienes en muchos casos se han endeudado para poder financiar sus viajes a EE. UU. Esos factores los hacen vulnerables al tráfico de personas y su explotación, dicen los expertos.
El HHS es responsable de mantener seguros a los niños migrantes y garantizar que sus sponsors en EE. UU. los protejan, pero hay señales de que el departamento está fallando en su misión.
Un informe de febrero de The New York Times mostró que la agencia, que intenta llamar por teléfono a todos los menores un mes después de que se hayan mudado con sus sponsors, ha perdido contacto inmediato con más de 85,000 niños en los últimos dos años, aproximadamente un tercio de todas las llegadas.
En un informe de auditoría publicado el mes pasado, HHS mantuvo que puede contactar al niño, al sponsor o a ambos en más del 80% de los casos. Un portavoz le dijo al AJC en un comunicado que HHS “trabaja diligentemente para asegurarse de que cada decisión de colocación se tome en el mejor interés del niño”. El portavoz agregó que, aunque HHS colabora con las fuerzas del orden público y otras agencias cuando se entera de que la seguridad de los niños está en riesgo, sus “responsabilidades de custodia terminan cuando el niño es liberado”.
Credit: JOHN BURCHAM
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A falta de seguimiento formal por parte de las autoridades federales o locales, algunos sponsors que acogen a niños migrantes los ponen a trabajar ilegalmente en sitios peligrosos. Según el Departamento de Trabajo de EE. UU., el aumento de la llegada de niños migrantes ha coincidido con un aumento en las violaciones de las leyes de trabajo infantil.
La historia de Emilia y su acusación de agresión sexual demuestran que otras consecuencias graves pueden surgir cuando los niños son puestos al cuidado de adultos que apenas los conocen.
La situación de Emilia se volvió insostenible durante las vacaciones de Navidad de 2021, poco más de seis meses después de su llegada a Marietta. Según documentos judiciales de DFCS, el sponsor de Emilia supuestamente la agredió dos veces. Según los informes, al menos uno de los ataques tuvo lugar mientras Emilia estaba inconsciente después de que el sponsor le hizo tomar una bebida alcohólica.
Emilia huyó a la casa de una amiga de la escuela y la policía abrió una investigación. Semanas más tarde, ingresó a la custodia de DFCS.
Seguimiento limitado
Como se estipula en una ley aprobada durante la administración Bush, los migrantes menores de edad (no mexicanos) pueden vivir en los EE. UU. mientras sus casos se resuelven en la corte de inmigración. Una vez que han cruzado la frontera, son transferidos a la custodia de HHS, que luego coordina traslados hacia los hogares de los sponsors.
“Hay mucha presión porque [HHS] quiere asegurarse de que están haciendo lo correcto para los niños y sacarlos de estas situaciones de custodia federal lo más rápido posible. Pero hay un delicado equilibrio entre sacarlos y asegurarse... de que estén enviando a los niños a un hogar seguro”, dijo Jennifer Podkul, vicepresidenta de políticas y defensa de Kids in Need of Defense (KIND), una organización que brinda servicios legales a menores no acompañados.
La primera opción de la familia de Emilia fue que se uniera a un tío que vive en los EE. UU., pero él se negó a ser su sponsor. Como inmigrante indocumentado, pensaba que podía ser perseguido por las autoridades de inmigración si aceptaba.
Para Podkul, el mayor problema en el trato de los niños migrantes por parte del HHS es que ellos no hacen el seguimiento de los casos de la misma forma que lo hace el sistema de hogares de guarda. El año pasado, aproximadamente el 40% de los menores no acompañados recibieron “servicios de atención posteriores a la liberación”, comparado con un 20% en 2021, según los propios datos del HHS.
“A medida que se aceleran las reunificaciones [con los sponsors], se tendrían que aumentar las protecciones posteriores y asegurarse de que haya personas velando por los niños”, dijo Podkul. Eso “haría una gran diferencia para su seguridad”.
En su informe de auditoría de junio, HHS dice que está trabajando para expandir los servicios posteriores a la liberación.
En Georgia, una de las organizaciones sin fines de lucro que trabaja con HHS para brindar servicios a los niños migrantes es Caridades Católicas de Atlanta. Según Vanessa Russell, directora ejecutiva de la organización, encontrar suficientes trabajadores sociales para mantenerse al día con el aumento de llegadas de niños migrantes no es una tarea fácil.
“Creo que, en general, podríamos decir que no es seguro que los niños hagan este tipo de viaje”, dijo. “El viaje es inseguro. Y además, lo que les puede pasar cuando lleguen aquí es una gran incertidumbre”.
‘Quería ayudar a mis padres’
Al igual que Emilia, Juana también tenía 16 años cuando partió hacia Estados Unidos desde su hogar en Centroamérica.
Vivía en Nebaj, un pueblo en el altiplano occidental de Guatemala, donde los residentes hablan el idioma maya ixil. Era una vida difícil: Juana compartía una casa de adobe de dos habitaciones con sus padres y seis hermanos. Su padre, un trabajador agrícola, se había lesionado y no podía trabajar. Su mamá lavaba ropa; el dinero escaseaba y no siempre alcanzaba para comprar víveres.
La familia se endeudó para pagarle a un coyote 48.000 quetzales, unos 6.000 dólares, para llevar a Juana a la frontera.
El viaje fue brutal. Incluyó un trecho viajando por México en la parte trasera de un camión repleto de otros migrantes.
“Había mucho calor, no entraba ni aire. Estábamos todos parados”, dijo Juana. “Muchas veces me desmayé, pero nunca me rendí”.
Juana cruzó a los EE. UU. en octubre de 2021. Dice que HHS la entregó al cuidado de un primo varón en Florida, cuyo nombre había sido proporcionado su familia. En lugar de inscribirla en la escuela, le encontró un trabajo a tiempo completo en un vivero de plantas. “Era cansador, pero yo quería salir adelante y no me importaba”, dijo.
Aproximadamente seis meses después, Juana vino con una amiga al área metropolitana de Atlanta, donde se mudó a una casa con al menos tres hombres adultos. Ella no le dijo a un reportero de AJC qué la llevó a abandonar Florida, pero una abogada que trabaja en su nombre dice que la razón más probable es que su primo la haya abusado.
Las autoridades encargadas de la protección de la infancia en Georgia se enteraron de Juana en agosto de 2022, cuando llegó en ambulancia al Hospital Wellstar Kennestone en el condado de Cobb, y se determinó que no tenía padres ni tutor legal en el área. Según DFCS, Juana llegó al hospital “para el tratamiento de una enfermedad de transmisión sexual y/u otra enfermedad”. A finales de mes, la agencia la colocó en un hogar grupal para niños y adolescentes en Columbus.
Una red de protección más pequeña
En Georgia, la mayoría de los jóvenes en el sistema de hogares de guarda no están listos para vivir solos cuando alcanzan la mayoría de edad. En promedio, alrededor del 75% de los jóvenes de 18 años se inscriben en servicios “extendidos”, que están disponibles hasta los 21 años. Los inmigrantes indocumentados no tienen esa opción: a partir de los 18 años, tienen prohibido recibir beneficios públicos, según la ley estatal.
Hace tan solo dos años, DFCS podía hacer excepciones para los jóvenes migrantes que estaban en camino de obtener una green card o residencia permanente, incluso si no habían llegado al final de ese largo proceso de solicitud, según Landers.
Pero una directiva de DFCS de octubre de 2021, semanas después de un cambio de liderazgo en la agencia que supervisa DFCS, eliminó esa flexibilidad. Ahora, si los jóvenes no obtienen su green card antes de cumplir los 18 años, son expulsados del sistema de hogares de guarda.
Las historias de Emilia y Juana sugieren que DFCS también está fallando cuando se trata de ayudar a los jóvenes migrantes bajo su custodia a transicionar a una vivienda estable después de dejar la custodia estatal.
En el caso de Emilia, su albergue juvenil accedió voluntariamente a dejarla quedarse a pesar de la interrupción de la financiación pública, un golpe de suerte, según la abogada de niños y defensora del bienestar infantil Rebeca Salmon.
Juana tuvo menos suerte. Dos días después de cumplir 18 años, estaba de vuelta en el departamento de Marietta donde viven al menos tres hombres adultos. La jueza del tribunal de niños del condado de Cobb, Amber Patterson, describió ese acontecimiento como “absolutamente escandaloso”, según documentos judiciales, y agregó que “la niña fue abandonada sin un centavo en su bolsillo”.
La jueza Patterson ha ordenado repetidamente a DFCS que continúe brindando servicios a Emilia y Juana, explicando que la agencia no ayudó a iniciar los procesos de inmigración para las niñas mientras estaban bajo su custodia. Los abogados de DFCS se han opuesto al fallo del tribunal, diciendo que debido a que las niñas ya cumplieron los 18 años, el tribunal de niños de Cobb ya no tiene jurisdicción y DFCS ya no tiene custodia.
En un comunicado, la portavoz de DFCS, Kylie Winton, dijo: “Para todos los jóvenes que salen del cuidado de DFCS a los 18 años, DFCS se esfuerza no solo en instruir a los jóvenes sobre sus opciones, sino también en conectarlos con los recursos comunitarios disponibles y con personas en la comunidad a quien pueden acudir en busca de apoyo”.
Mientras que Salmon continúa luchando para que sus clientes vuelvan bajo custodia de DFCS, la abogada está especialmente preocupada por Juana, quien, según ella, probablemente abandonará la escuela.
“Ella está asustada. ¿Qué pasa si [los hombres que la han acogido] dejan de alimentarla? Tal vez tiene miedo de lo que tendrá que hacer para comer”, dijo.
Juana admite que no tiene en claro lo positivo de ir a la escuela, aunque le gustaría aprender inglés.
“La señorita Rebeca [Salmon] dice que es necesario que yo estudiara, pero se me está haciendo muy difícil, porque no tengo dinero”.
Ella dice que no puede dejar de pensar en la deuda que su familia tiene con el coyote que la ayudó a llegar a los EE. UU.
“Eso es lo que me preocupa mucho. Me deprime. Me preocupa mucho. Me hace pensar mucho que donde voy a sacar este dinero, cómo voy a pagar mi renta, mi comida. No sé. Me lleno de cosas”.
A pesar de los desafíos, sigue convencida de que hay un mejor futuro aquí que en su país.
“La verdad no me arrepiento ... Quiero quedarme aquí”.
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